La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 25 personas físicas y 15 morales relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, debido a que se identificó operaciones financieras “que presentan elementos de riesgo” que ameritan ser investigadas por las autoridades competentes; entre los señalados estaría Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado, la dependencia a cargo del secretario Édgar Amador Zamora, detalló que el bloqueo derivó de los análisis financieros, por lo que “la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”.

Los afectados cuentan con mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación en respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Medios de comunicación nacional dieron a conocer que entre las cuentas se encuentra la de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como la de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del Instituto e involucrados en un esquema de competencia simulada.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de que se investiguen los movimientos financieros detectados y se determinen las posibles responsabilidades.

Con esto, la UIF se suma a las pesquisas a causa de presuntas irregularidades en el INE, relacionadas con la asignación de contratos a proveedores y hasta nóminas ligadas con su personal de confianza de Taddei.

HABÍAN BLOQUEADO 70 CUENTAS RELACIONADAS A PROVEEDORES ELECTORALES

Anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera ya había dado a conocer que mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria a proveedores electorales.

El caso involucra a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios relacionados con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras.

¿POR QUÉ INVESTIGAN A GUADALUPE TADDEI?

Taddei Zavala, quien fue exconsejera presidenta del INE desde 2023 al pasado 26 de octubre de 2026, es investigada por el Órgano Interno de Control (OIC) del órgano electoral por las irregularidades en la asignación de contratos, tras la reforma que otorgaba diversas superfacultades como realizar nombramientos directos de los integrantes de la Junta General Ejecutiva del organismo.

El titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente, reveló el pasado 30 de octubre que entre 2014 y 2025, cinco empresas “con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios” obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos. Se trata de las empresas Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, la cuales son señaladas de simular competencia; sin embargo, esta última empresa “justamente fue de las principales proveedoras de la anterior administración del INE”, y al mismo tiempo, los consorcios colaboraron con 20 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Carvente aclaró que algunas de las empresas comparten apoderados legales, siendo este José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano del empresario señalado, quienes aparecen en Cajas Graf y Seriplast, respectivamente.

Además, informó que cinco servidores públicos, sin mencionar sus nombres, enfrenta procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves, junto a la presentación de hallazgos de compras para la elección judicial, posibles conflictos de interés y reducciones injustificadas de penalizaciones a proveedores.

A la par, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) lleva a cabo una investigación por las anomalías entre 2014 y 2026, recientemente detectaron que dos compañías identificadas con las siglas “GC” y “GHC” acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diferentes entidades públicas, de forma principal en el ámbito electoral como el INE y los OPLEs de distintas entidades de México.

La ASF detalló que gracias a labores de inteligencia se detectó que de este monto 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales; mientras que al INE le corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, representando el 11.3% del total de contratos y operaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) también cuenta con un par de denuncias contra la exconsejera presidenta, la primera interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) el 27 de octubre por seis delitos, entre ellos el ejercicio ilícito de atribuciones y otra por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que presentó un recurso por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

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