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El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza señaló desconocer un posible acto de abuso de poder por parte de la Magistrada, Clara Patricia Mujica, quien para las tareas que definen las reglas de las sentencias, realizó la contratación de su sobrina política.
El caso se dio a conocer este jueves a través de VANGUARDIA, donde se detalló que Gabriela Elizabeth Pérez Amaro, una de las trabajadoras de su Secretariado de Estudio y Cuenta, es hija de la hermana del esposo de la magistrada.
La situación cobró relevancia debido a que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece, en su artículo 57, que determinadas conductas relacionadas con la contratación de familiares pueden constituir abuso de funciones.
“Un servidor público incurre en abuso de funciones cuando se vale de sus atribuciones para obtener un beneficio para “sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”, dice la Ley.
Además, Clara Patricia Mujica, es una de las 18 aspirantes a ocupar la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila, para el cual debe “gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno”, según la convocatoria que concluirá el próximo 7 de octubre con el proceso de entrevistas.
Al respecto, el Tribunal Electoral informó, a través de su oficina de comunicación, que hasta este jueves desconocía el posible acto de abuso de funciones atribuido a la magistrada; sin embargo, una vez que tuvo conocimiento del caso, lo turnó a la Contraloría Interna para su revisión.
“Nos enteramos el día de hoy de la situación a través de la nota publicada. Una vez que se tuvo conocimiento, se informó a la Contraloría para los efectos conducentes. Hasta este momento no contamos con mayor información al respecto; en su momento y a la brevedad, se emitirá lo que corresponda conforme a las atribuciones de cada instancia”, respondió el Tribunal.